Día Internacional de los Derechos Humanos
Montevideo, 10 de diciembre de 2014
Una vez más nos convocamos aquí, un 10 de
diciembre, una fecha que nos incita a la
reflexión.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en respuesta a las atrocidades
vividas durante la 2da guerra mundial, fue una luz de esperanza, que marcó una
nueva senda para la humanidad, que intentó preservar la
vida, la paz, la libertad y la igualdad entre los pueblos y las personas.
Este año, lo recordamos en el Memorial a los Detenidos
Desaparecidos, que hoy es patrimonio histórico del Uruguay, por la
iniciativa de la Comisión del patrimonio
del Ministerio de Educación y Cultura, a quien mucho agradecemos.
Este memorial honra la memoria de
todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos, es un espacio privilegiado
para la reflexión, en el que podemos recordar que esta historia nos pertenece a
todos.
Durante la dictadura, fueron miles los
compañeros torturados, cientos asesinados y detenidos desaparecidos, hoy, a más
de treinta años de reestablecida la democracia, es casi imposible encontrar a
alguien que justifique aquellas prácticas.
Actualmente, en América Latina, en varios
Estados en los que rigen sistemas de gobierno democráticamente electos, se
presentan dificultades reales para garantizar los Derechos Humanos de sus
ciudadanos, en algunos aún, la tortura y la desaparición forzada son prácticas
usuales.
La realidad de los países de nuestro
continente, nos preocupa.
Madres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y
Guatemala, que integran el Movimiento de Madres Centroamericanas de Migrantes
Desaparecidos, llevaron a cabo la X Caravana
de búsqueda de desaparecidos. La
Caravana, “Una Década de Lucha y Esperanza”, atraviesa 23 ciudades y 10 Estados
de México, que año tras año, siguen la
ruta migrante.
En este año, la caravana partió el 18 de
noviembre y culminó el 7 de diciembre, realizando importantes actividades de
denuncia y búsqueda de los desaparecidos migrantes centroamericanos.
En México, las desapariciones forzadas y
secuestros suman más de 20,000 desde el año 2007, un número estimado de 24,000
cuerpos sepultados en fosas clandestinas durante este mismo período, además
de los 40,000 cuerpos no identificados
en los Servicios Médicos Forenses oficiales. Las maras, pandillas, carteles,
bandas locales de México, policías y autoridades corruptas, maquinistas y
garroteros de los trenes tienen control sobre la ruta migrante, así como
también las zonas de frontera maquileras. En este contexto, masacres, feminicidios,
asesinatos y desaparición forzada son la práctica corriente. Tal como es el
caso de 43 estudiantes de la Escuela Normalista Rural
de Ayotzinapa.
Por los
desaparecidos, por ellos y por sus familiares reclamamos justicia y
exigimos la inmediata aparición con vida.
En México no hay Estado fallido ni ausencia
de Estado: hay terrorismo.
En este marco manifestamos nuestra solidaridad con los
millones de personas que sufren desplazamiento forzoso, ejecuciones sumarias de
campesinos, de indígenas y de población civil que suman miles en todo el
continente.
Hacemos especial mención al derecho y al respeto a la vida, a
la autodeterminación del pueblo haitiano, a la paz en Colombia, a la tierra y a
al legítimo derecho a organizarse y luchar en distintos pueblos del continente,
a la no criminalización de la protesta, entre
otros.
En nuestro país, las políticas de seguridad ciudadana siguen
apegadas a la hegemonía conservadora y al consenso punitivo. Se proponen
soluciones mágicas a los problemas de inseguridad, se carga a los niños y adolescentes con la
responsabilidad del delito, se establecen “zonas rojas”, donde la “mano
dura” se ha utilizado como principal
consigna electoral, cuyo único fundamento parece ser el de eliminar lo que “es molestia”.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal
adolescente quedó truncada, gracias a su rechazo en las urnas. Esto no hubiese
sido posible sin una campaña que mantuvo viva la esperanza de que en Uruguay se
haga realidad un modelo no discriminatorio, inclusivo, que respete los tiempos
biológicos de la adolescencia, que los acompañe a superar sus tropiezos y que
no deposite en ellos todos los problemas de la convivencia y seguridad
ciudadana.
Nos alarma la situación que se esta viviendo
en el SIRPA, en particular en aquellos centros de privación de libertad donde los malos tratos, el abuso de autoridad
e incluso la tortura por parte de los funcionarios hacia los adolescentes
forman parte de la cotidianidad.
Apoyamos las denuncias realizadas por la Institución Nacional
de Derechos Humanos, en las visitas que realiza el Mecanismo Nacional de
Prevención contra la Tortura, a SERPAJ, a IELSUR, al igual que las denuncias
realizadas por diferentes organismos de DDHH. Apoyamos a las denuncias de las
madres y exigimos que se investiguen y no se tomen represalias.
Una vez más reafirmamos que ninguna
situación o condición justifica la tortura, los tratos inhumanos y degradantes.
Nos duele que en nuestro país, después de
todo lo vivido y construido, se tome ventaja de las personas más vulnerables y
se abuse del poder.
Repudiamos el traslado compulsivo de la Dra. Diana Salvo,
del fiscal Ricardo Perciballe, de la jueza Mariana
Mota, ejemplos que se reiteran en los
últimos años.
Que obstaculizan el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y ponen
en tela de juicio la integridad de un
Estado democrático y la construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de
las garantías de cualquier colectivo social.
Estas actitudes son un mensaje de falta de voluntad política
para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, evidenciando la intención de mantener intacta la
impunidad.
Es vergonzoso que un Tribunal de Honor sostenga la “buena conducta” en los últimos años de
Gilberto Vázquez, omitiendo su participación en el terrorismo de Estado.
Recordemos que Gilberto Vázquez ya revestía la calidad de
condenado por el homicidio de 28 personas al momento de ser juzgado por el Tribunal de Honor.
Si era un derecho del militar solicitarlo para que le
restituyeran sus haberes, era claramente un deber del Sr. Ministro Fernández
Huidobro la formación de un Tribunal que juzgara su “buena conducta” en el
período de la dictadura.
Nosotros no somos ni verdugos, ni fascistas, reiteramos lo que históricamente hemos reclamado: hace
más de tres décadas que buscamos la verdad.
Aun la más dura verdad es preferible a la
angustia del ocultamiento y la mentira, que eternizan el dolor y la duda. Por ello, para
seguir descubriendo la verdad que culpables y cómplices conocen pero ocultan,
reiteramos nuestra exigencia de que se entreguen los archivos del Ministerio de
Defensa y que se solicite a EEUU la desclasificación de los archivos de esa
época que corresponden a nuestro país.
Nuestros familiares fueron arrancados de sus
casas, torturados en centros clandestinos, en muchos casos trasladados de un
país a otro. Se secuestró a sus hijos, se falsificó su identidad, y algunos
fueron entregados a los asesinos de sus padres.
Nuestros familiares fueron víctimas de
crímenes cometidos desde el poder del Estado, crímenes de lesa humanidad.
Por nuestros compañeros asesinados y
torturados, por nuestros detenidos desaparecidos,
Hoy más que nunca todos somos Familiares.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más
terrorismo de Estado
